Por Kathya Contreras
Fort Lauderdale, Florida – En un movimiento sorprendente, Estados Unidos ha incautado el avión presidencial de Nicolás Maduro, marcando un nuevo capítulo en la ya deteriorada relación entre Washington y Caracas. La aeronave, un Dassault Falcon 900EX con matrícula T7 ESPRT, fue confiscada en la República Dominicana y trasladada a Fort Lauderdale el lunes, según reportaron las autoridades.
El fiscal general Merrick Garland reveló que el jet, valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, fue adquirido a través de una transacción ilícita mediante una empresa fantasma. Garland subrayó que la incautación es un mensaje contundente: “Nadie está por encima de la ley o de las sanciones estadounidenses.”
El avión, que ha sido el equivalente venezolano del Air Force One, ha sido utilizado en múltiples ocasiones para transportar al presidente venezolano. Esta acción es parte de una serie de medidas más amplias adoptadas por Estados Unidos contra funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La confiscación llega en un momento crítico para Venezuela, que enfrenta una crisis política aguda tras las elecciones del 28 de julio, en las cuales Maduro fue reelegido para un tercer mandato de seis años. La oposición venezolana ha alegado fraude electoral y sostiene tener evidencia de una victoria abrumadora, mientras que el gobierno de Maduro ha sido acusado de manipular los resultados y reprimir a los disidentes.
El Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. destacó que la confiscación del avión representa un paso significativo para responsabilizar a Maduro por su administración y las violaciones cometidas. Estados Unidos, junto con la Unión Europea y varios países latinoamericanos, se ha negado a reconocer la legitimidad de las elecciones sin una revisión detallada de los resultados.
Las protestas postelectorales han resultado en al menos 27 muertes y 192 heridos, exacerbando la crisis humanitaria en el país. Desde 2005, EE.UU. ha impuesto sanciones a individuos y entidades venezolanas por acciones antidemocráticas y corruptas, y la administración Trump intensificó estas medidas para incluir sanciones financieras y sectoriales.
Este nuevo desarrollo subraya el creciente aislamiento internacional de Nicolás Maduro y la presión continua sobre su régimen en medio de una crisis nacional sin precedentes.
