Por Fernanda Sánchez
La diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández ha propuesto una reforma al Código Penal en el Estado de México para incluir el delito de transfeminicidio con penas que oscilan entre los 35 y 70 años de prisión. Navarro enfatizó que esta iniciativa es parte de su compromiso para abordar los problemas que enfrenta la diversidad sexual en el Estado de México.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis. Se espera que la próxima semana inicie la revisión formal y se pueda emitir un dictamen antes de que concluya el año, según indicó la diputade, ya que considera que esta iniciativa ha sido un pendiente en anteriores legislaturas.
¿Qué es el transfeminicidio?
El transfeminicidio se define como el homicidio de una mujer trans o persona de género femenino que, debido a su identidad de género, es víctima de violencia transfóbica y misógina. Este delito considera factores como:
- Signos de violencia sexual.
- Lesiones infamantes o degradantes, mutilaciones, o actos de necrofilia.
- Antecedentes de violencia en el entorno de la víctima.
- Relaciones de parentesco, subordinación o superioridad con el agresor.
- Exposición pública del cuerpo o situación de indefensión.
- Expresiones de odio por identidad de género.
En 2020, se documentaron al menos 16 transfeminicidios en el Estado de México. La diputade Navarro recalcó la necesidad urgente de proteger a la comunidad trans frente a la violencia de género en la entidad.
Iniciativas para la inclusión de la comunidad trans en el Edomex
Además de la tipificación del transfeminicidio, Navarro también impulsa otras iniciativas para apoyar a la comunidad trans y reconocer el 17 de noviembre como el Día de la Gente Trans. Entre sus propuestas están la creación de una Secretaría de la Diversidad, el establecimiento de un cupo laboral para ofrecer empleos dignos a personas trans, y el derecho a formar familias monoparentales.
Asimismo, Navarro mencionó la importancia de cumplir con la asignación de una partida presupuestal específica para la diversidad sexual en el presupuesto de 2025, en cumplimiento de una resolución del Poder Judicial Federal.