Dictan formal prisión a Osiel Cárdenas Guillén por delitos contra la salud y homicidio calificado

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que se dictó auto de formal prisión contra Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.

Conocido como “El Mata Amigos”, Cárdenas Guillén también fue cofundador del grupo delictivo Los Zetas. Las investigaciones revelan que el exlíder criminal estableció alianzas con otros grupos delictivos y operó redes de tráfico de drogas en Michoacán, Guerrero y el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Auto de formal prisión por múltiples delitos

La resolución, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, se basó en pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público de la Federación. Actualmente, Cárdenas Guillén se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez.

Este fallo llega un día después de que se confirmara otro auto de formal prisión en su contra, ahora por homicidio calificado, tras ser señalado como presunto responsable de la muerte de seis familiares de un testigo protegido.

Acusaciones y procesos pendientes

Cárdenas Guillén fue deportado desde Estados Unidos el 16 de diciembre. A su llegada, la FGR ejecutó la primera orden de aprehensión por delitos contra la salud. Posteriormente, el 18 de diciembre, se cumplimentó un segundo mandato por homicidio calificado en el Penal del Altiplano.

Aún está pendiente una tercera orden de aprehensión por delincuencia organizada, además de la posible reapertura de siete procesos penales en su contra. Entre las acusaciones destacan:

  • Delitos contra la salud
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Cohecho
  • Acopio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército

Contexto y relevancia

El auto de formal prisión asegura que el exlíder criminal permanezca bajo custodia mientras enfrenta los procesos judiciales. Este caso representa un paso significativo en los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el crimen organizado y desmantelar estructuras criminales que operan en el país.

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