La postura reciente del Ejecutivo y el Legislativo de no acatar un fallo eventual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la reforma judicial va más allá de un desafío político: es un ataque directo al Estado de derecho. Al descalificar a la SCJN, los poderes que deberían garantizar la estabilidad y el respeto a la Constitución están erosionándola desde dentro.
La SCJN es el órgano supremo encargado de proteger la Constitución, revisar la constitucionalidad de los actos de gobierno y velar por el equilibrio entre los poderes. Este rol no es una concesión, sino un mandato expreso del texto constitucional que la coloca como guardián del orden jurídico.
Lo preocupante de la situación actual es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han insinuado abiertamente que no respetarán una decisión de la SCJN. Esto no solo es una grave violación al principio de división de poderes, sino que representa una peligrosa tendencia hacia la concentración del poder. Al asumir que pueden ignorar a la Corte, se otorgan una facultad que la Constitución les niega: validar sus propios actos sin someterse a un examen independiente de constitucionalidad.
Esta actitud enciende todas las alarmas. Cuando el Ejecutivo o el Legislativo afirman que no acatarán una resolución de la SCJN, están insinuando que la Constitución es flexible a su voluntad. Si esta postura prospera, cualquier autoridad o particular podría sentirse legitimado para ignorar resoluciones judiciales, debilitando el sistema de justicia.
Permitir que se eludan sentencias simplemente por desacuerdos abre una peligrosa puerta a la descomposición de la estructura jurídica del país. La SCJN no es un obstáculo ni un adversario político; su independencia y su papel como árbitro del sistema constitucional son esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Desconocer su autoridad no solo es irresponsable, sino que socava los principios fundamentales de nuestra nación.
Este conflicto no se limita a la reforma judicial en discusión. Si permitimos que en el futuro cualquier poder ignore los fallos de la SCJN, estaríamos presenciando el fin de la independencia judicial y la destrucción del sistema de pesos y contrapesos que garantiza la división de poderes en México.
Como abogado constitucionalista, sostengo que el respeto a la SCJN no es negociable. Su papel no puede ser disminuido por intereses políticos ni por desacuerdos coyunturales.
Por Pablo Andrei Zamudio Díaz, abogado constitucionalista
