En cualquier democracia sólida, el debate constitucional es un espacio de alta relevancia, donde se ventilan argumentos que impactan directamente en la vida de una nación. Los tribunales constitucionales, y en especial el máximo órgano judicial del país, están llamados a ser espacios de reflexión profunda y análisis riguroso. En este contexto, el papel de quienes integran estos órganos es clave: su función no solo es la de resolver controversias, sino también la de preservar la legitimidad del derecho en su máxima expresión. Sin embargo, el reciente comentario de la ministra Lenia Batres al calificar de “absurdo” un punto de análisis en una sesión de debate constitucional, no solo significa un calificativo inapropiado, nos invita a reflexionar sobre los límites del lenguaje y la responsabilidad en este tipo de espacios.
El debate constitucional, por su naturaleza, exige discusiones robustas, la exposición de argumentos sólidos y la confrontación de posturas diversas. Este tipo de debates están en el corazón de una sociedad plural y democrática. Sin embargo, también es crucial que estas discusiones se mantengan dentro de un marco de respeto y seriedad. Cuando el argumento termina, comienza la ofensa, y el paso de la razón a la agresión es una línea que no debe cruzarse en ninguna circunstancia, menos aún en el máximo tribunal del país.
Lo que está en juego en cada discusión constitucional no es solo el contenido de las normas ni el análisis constitucional de cada asunto, sino también la confianza pública en el sistema de justicia. Los insultos o descalificaciones personales desvirtúan el objetivo de estos debates, que es alcanzar la mejor interpretación del marco jurídico para el bienestar de la sociedad. Cada palabra emitida por las y los ministros en sesiones públicas resuena más allá de las paredes de la Corte; es escuchada y observada por la sociedad en su conjunto, que espera ver en estos espacios ejemplos de civismo, racionalidad y mesura.
Es fundamental que quienes ocupan estos cargos no solo dominen el derecho, sino que también sean un ejemplo de conducta profesional y respetuosa. La legitimidad de sus decisiones depende, en gran medida, de la percepción pública sobre la forma en que se llevan a cabo estos procesos. Un debate lleno de insultos o descalificaciones puede fácilmente llevar al descrédito de la institución y al deterioro de la confianza en la justicia constitucional.
El respeto no es una mera formalidad, es la base sobre la cual se construye la confianza en las instituciones democráticas. Sin él, la robustez de los argumentos se debilita, y el diálogo, que es esencial para la construcción del derecho, se convierte en un campo estéril donde las posturas se polarizan. Las y los ministros de la Suprema Corte, como cualquier funcionario público, deben recordar que su poder emana también del pueblo y que su ejercicio está condicionado al respeto de las formas democráticas y del estado de derecho.
Si bien la ministra Batres puede haber considerado que sus palabras eran una expresión legítima dentro de la libertad de expresión que caracteriza a estos debates, es importante recalcar que la libertad de palabra en ningún momento debe confundirse con la licencia para el insulto. En una sociedad democrática, el desacuerdo es un pilar fundamental, pero debe manifestarse de forma respetuosa y constructiva. Solo así se garantiza que los procesos de deliberación constitucional se mantengan en un nivel elevado, donde lo que prevalezca sea la fuerza de los argumentos, no la virulencia de las palabras.
En suma, debemos recordar que las discusiones constitucionales, lejos de ser una arena para el enfrentamiento personal, deben ser un espacio para la confrontación de ideas en aras del bien común. Las y los ministros, como garantes de la Constitución, están llamados a ser un ejemplo de civismo y respeto, tanto en la sustancia de sus argumentaciones como en las formas. El respeto no es un lujo en el debate constitucional, es una necesidad, y es responsabilidad de quienes ocupan cargos en la Suprema Corte velar por su permanencia en cada una de sus intervenciones.
