Por: Jesús Solano Lira
Pese a la estrategia de la actual administración para contener la violencia, persiste una falta de coordinación en el gabinete de seguridad, la corrupción y la impunidad, además de que no se ha podido sacudir la fallida política de seguridad de “abrazos, no balazos”.
Es más, la violencia junto con la desigualdad social, persisten como uno de los principales problemas de la sociedad mexicana, y se han incrementado en los últimos siete años, aquí no aplica el No Pasa Nada.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2024, la inseguridad es la mayor preocupación para 60.7 por ciento de la población en México.
Al sentir de la población, hay que añadirle que un informe del Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics and Peace), que estudia el vínculo entre la paz y la prosperidad, asegura que la violencia le costó a México en 2024, alrededor de 245 mil millones de dólares, equivalente al 18 por ciento del Producto Interno Bruto, a pesar de que se volvió moderadamente más pacífico.
Pero como decía mi abuelita “mal de muchos, consuelo de tontos”, ahí le van unas cifras de esa institución: El Índice de Paz del instituto registró una mejora del 0,7% en México en 2024, sin embargo, el incremento récord del 39% en el gasto militar impulsó al alza el costo total asociado con la violencia.
A decir del Instituto para la Economía y la Paz, el principal factor detrás de estos costos fue la tasa de homicidios, que se mantuvo alta pese a descender levemente a 19.3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024.
Esta disminución fue contrarrestada por un fuerte aumento en las desapariciones, que alcanzaron niveles récord. En 2024 se reportaron 13.117 personas desaparecidas, un incremento del 36% respecto a 2023, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El instituto empleó una metodología similar a la utilizada en estudios anteriores sobre el impacto económico del crimen. El informe calculó los costos directos −como los funerales− e indirectos −como la pérdida de ingresos de las víctimas−, a los que sumó los costos estimados de actividades criminales como el narcotráfico, la extorsión y los delitos con armas de fuego.
También incluyó el gasto público en seguridad y justicia, así como el gasto en seguridad privada que asumen los ciudadanos. Además, calculó las pérdidas ocasionadas por la reasignación de recursos que podrían haberse destinado a usos más productivos.
Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz en México, calificó de “marginal” la mejora del 0,7% y subrayó el costo humano de la crisis de seguridad.
Contrario a las cifras alegres de la actual administración, que ha seguido al pie de la letra la narrativa del sexenio pasado, Carlos Juárez, asegura que: “Tenemos una acumulación de personas desaparecidas, de personas asesinadas, que no tiene precedente en la historia de nuestro país”.
Además de los graves problemas de violencia, ese fenómeno sigue limitando el desarrollo económico de México, al reducir la productividad y desviar recursos de usos potencialmente beneficiosos.
Y aunque las dinámicas criminales cambian entre estados, los factores que impulsan el elevado costo del crimen probablemente persistirán a nivel nacional, sostiene el Instituto.
El impacto económico de la violencia es profundamente desigual entre las regiones. Los estados fronterizos o ubicados en rutas clave del narcotráfico suelen registrar niveles más altos de violencia y pérdidas económicas.
Y en la cereza del pastel, el informe también alertó sobre la creciente desproporción en el financiamiento del sector de seguridad en México, lo que contribuye al alto costo de la violencia. El gasto militar alcanzó niveles récord en 2024, en momentos en que el gobierno apostó nuevamente por una estrategia militarizada que ha fracasado en contener al crimen organizado, que conste que no lo digo yo.
Según el informe, el gobierno mexicano destina apenas el 0,7% del PIB a la justicia y a la seguridad civil, menos de la mitad del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para el Instituto para la Economía y la Paz, México enfrenta una grave escasez de jueces, lo que genera un rezago procesal masivo, deteriora la confianza pública y alimenta los altos niveles de impunidad, y esta dinámica no parece que vaya a cambiar, con las reformas judiciales que impulsa actualmente el gobierno. Ni mucho menos con la elección judicial del próximo domingo. Quiúboles.
