El Gobierno de Michoacán, bajo la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo se encuentra prófugo de la justicia, luego de que una jueza de la Ciudad de México emitiera una orden de aprehensión a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tenemos información de que la FGR está realizando investigaciones en varias entidades, incluyendo Michoacán”, declaró Ramírez Bedolla.
Azucena Marín Correa, contralora del estado, detalló el esquema de corrupción mediante el cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Finanzas adjudicaron directamente contratos a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. para la renta de siete cuarteles policiacos a sobreprecio, ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Entre 2016 y 2017, la administración de Aureoles gastó 3,486 millones de pesos en mantenimiento y modificaciones sin evidencia documental suficiente, y se comprobó que los fondos tenían origen ilícito. Además, la inmobiliaria no acreditó la propiedad de los terrenos hasta después de la firma de los contratos.
El 28 de septiembre de 2021, a dos días de dejar su cargo, Aureoles autorizó la compra de los cuarteles por más de 1,760 millones de pesos, elevando el monto del desfalco a más de 5,000 millones de pesos. Posteriormente, en noviembre de 2021, el gobierno de Ramírez Bedolla realizó auditorías y descubrió recámaras lujosas para uso exclusivo del exgobernador en cada cuartel, equipadas con vidrios blindados.
La Contraloría presentó una denuncia penal en febrero de 2022, coordinando esfuerzos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Para 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) calculó un daño al erario de 1,052 millones de pesos. En 2024, la FGR aseguró las propiedades, llamó a declarar a 31 servidores públicos y judicializó la carpeta por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Hasta el 3 de marzo, han sido detenidos Carlos “N” (exsecretario de Finanzas), Antonio “N” (exsecretario de Seguridad Pública), Elizabeth “N” y Mario “N” (exdelegados administrativos de la SSP).
