El presidente Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial el martes pasado, una decisión que desató una ola de protestas ciudadanas y una inmediata revocación por parte del Parlamento. Este suceso, sin precedentes en las últimas cuatro décadas, ha puesto en jaque la estabilidad política del país y generado incertidumbre en la región.
La oposición presentó una moción de destitución contra el mandatario, acusándolo de intentar evadir investigaciones penales y de atentar gravemente contra la democracia. Este procedimiento, que podría ser votado en los próximos días, también sostiene que Yoon violó la Constitución al usar la ley marcial como herramienta para protegerse de las indagatorias por presunta corrupción.
Miles de surcoreanos han salido a las calles para condenar lo que califican como un intento de autogolpe. Los manifestantes exigen la renuncia de Yoon y la defensa de las instituciones democráticas del país. Paralelamente, la oposición interpuso una denuncia judicial contra el presidente y varios de sus colaboradores por “insurrección”.
La situación ha generado un clima de tensión política sin precedentes, que pone a prueba la resiliencia democrática de Corea del Sur.
