El fiscal del Estado asegura que la compañía obliga a comerciantes más pequeños a mantener precios “artificialmente altos” mediante acuerdos o amenazas.
Suele decirse que Estados Unidos sigue a lo que hace California. El Estado ha lanzado este miércoles su mayor pulso a Amazon, el gigante del comercio electrónico con una demanda por violar las leyes de competencia. Rob Bonta, el fiscal general californiano, ha asegurado que la compañía de Jeff Bezos obliga a los pequeños comerciantes que ofrecen sus productos en sus plataformas a mantener los precios artificialmente altos mediante acuerdos desfavorables o la amenaza de expulsarlos del servicio. La demanda pretende que los tribunales ordenen a Amazon a poner fin a estas prácticas so pena de pagar 2.500 dólares en daños por cada vendedor externo que sea afectado. Amazon no ha respondido de momento al inicio del litigio.
“Durante años, los consumidores de California han pagado más en sus compras en línea por las prácticas anti competencia de Amazon”, ha dicho Bonta en un evento en San Francisco. La demanda, que tiene muchas partes de sus 84 páginas tachadas para proteger información sensible, documenta lo importante que es Amazon para los comerciantes. La posibilidad de ofrecer sus productos en su red es abrirse a un mercado de 160 millones hogares que son miembros del service Prime, pagando 139 (2,774.98) dólares anuales por pertenecer al club, que se convierte involuntariamente en la primera opción cuando se quiere adquirir algo. La empresa domina, en Estados Unidos, el 80% de la venta minorista de libros y revistas, y el 50% de los electrónicos, productos empaquetados y juguetes.
Para cientos de miles de comerciantes, “Amazon representa el 20 o el 30% de sus ventas y no podrían recuperarlo por otros canales de venta si dejan de vender allí”, señala el documento. La influencia el gigante puede ser incluso más relevante para pequeños comercios y terceros, quienes pueden generar entre el 80 y el 100% de sus ganancias ofreciendo sus productos allí. “Amazon no es amado por los vendedores, pero estos están atrapados en la plataforma. No te queda de otra más que hacer un pacto con el diablo”, dice un competidor de la compañía, que no fue citado, en un memorando interno.
De acuerdo con la fiscalía local, Amazon ofrece a todo vendedor que quiere tener acceso a la plataforma un contrato de Acuerdo de Soluciones de Negocios. Una de las exigencias de este es que los “precios de compra y otras condiciones sean por lo menos igual de favorables para los usuarios de los sitios de Amazon”. Bonta y su equipo legal considera que esto significa que esta petición es una “prohibición para ofrecer productos en Amazon por un precio más bajo que los ofertados por ellos”.
Según el fiscal, Amazon sabe bien que los comerciantes no pueden permitirse decir no a los acuerdos que inflan los precios. “Otras plataformas de comercio electrónico no pueden competir en precios, por lo que los consumidores van a Amazon por ser su única parada para todas sus compras. Esto perpetua su posición dominante en el mercado, permitiendo a la compañía hacer exigencias insostenibles a los comerciantes”, explicó el fiscal. Una organización de defensa de los consumidores afirmó en un informe de diciembre de 2021 que Amazon se embolsa el 34% de cada transacción hecha en su plataforma. Este porcentaje era en 2018 el 20% y el 19% en 2014. El precio promedio que pagan los comerciantes solo por ofrecer un producto aumentó un 28% desde 2015.
Las autoridades de California citan entre uno de sus ejemplos a un gran proveedor de aparatos electrónicos, a quienes no identifican por nombre. Este se asoció con un competidor de Amazon para ofrecer una promoción con rebajas puntuales de algunos de sus productos. Esto obligó a la tecnológica a bajar los precios e igualarlos en sus páginas. Detrás de las bambalinas, Amazon exigió 100.000 dólares como compensación y así mantener el margen de ganancia esperado. El vendedor pudo evitar el pago directo, pero aceptó la compra de publicidad. La exigencia de Amazon de estas compensaciones se hacen en temporadas de alto consumo como el Black Friday o el Ciber Monday, según la fiscalía. Los comerciantes temen que negarse a pagar podría provocar que Amazon retire sus productos o se niegue a venderlos en una época muy esperada para elevar las ganancias.
Esta no es la primera demanda de este tipo que enfrenta la empresa. En mayo de 2021, el Distrito de Columbia, la capital del país, inició un proceso contra Amazon por el mismo motivo, aunque esta defensa no incluía a los vendedores mayoristas. “Estas restricciones permiten a Amazon construir y mantener el poder de un monopolio”, dijo entonces el fiscal local, Karl Racine. Esta queja está siendo analizada por la Comisión Federal de Comercio, la Unión Europea y un comité legislativo especial. Amazon se defendió entonces asegurando que sus políticas buscan que los consumidores no sean afectados por los sobreprecios y que sumaba a su plataforma a terceros, basándose en los precios que ofrecían y la velocidad de entrega, principalmente. El proceso en California, sin embargo, es importante por ser uno de los mercados más importantes dentro de Estados Unidos.
