Cae ‘El Pajarraco’ en Hidalgo: presunto implicado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Juan Pantoja Miranda, alias ‘El Pajarraco’, fue detenido por su presunta participación con Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, un caso que sigue sin resolverse tras más de una década

Las autoridades mexicanas confirmaron la detención de Juan Pantoja Miranda, conocido como ‘El Pajarraco’, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos y señalado como uno de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

La detención se llevó a cabo en la colonia Centro del municipio de Almoloya, Hidalgo, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sedena, Marina y la Guardia Nacional.

¿Quién es ‘El Pajarraco’ y cuál es su relación con el caso Ayotzinapa?

Pantoja Miranda, de 37 años, tenía una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Ya había sido arrestado en 2018 por su presunta relación con los hechos, pero fue liberado posteriormente.

De acuerdo con las investigaciones, habría participado en el traslado de los estudiantes hacia el basurero de Cocula, versión incluida en la llamada ‘Verdad Histórica’, más tarde desmentida por nuevas indagatorias.

El fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, informó que hasta la fecha se han detenido más de 120 personas y existen 46 causas penales abiertas relacionadas con el caso.

El caso Ayotzinapa: un crimen de Estado

La desaparición de los 43 normalistas ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968.

La versión oficial difundida por el gobierno de Enrique Peña Nieto atribuía la desaparición a una confusión con grupos criminales rivales. Según esa narrativa, los normalistas fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados al Río San Juan.

No obstante, en 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desechó esta versión y estableció que la desaparición fue un crimen de Estado, con participación de autoridades de distintos niveles, fuerzas de seguridad y miembros de Guerreros Unidos.

Pese a los avances, el caso continúa abierto y representa una de las mayores deudas de justicia en la historia reciente de México.

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