El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó multas de entre 500 y 20 mil unidades de medida, que representan poco más de 2 millones de pesos, a empresas privadas que durante la ejecución de obras no hagan uso de materiales reciclados y/o productos del reciclaje de residuos de construcción y demolición.
Los diputados locales aprobaron una reforma a la Ley de residuos sólidos de la Ciudad de México, cuyo objetivo es impulsar la gestión de restos de la construcción, así como minimizar la extracción de materias primas.
La reforma obliga a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) a recuperar, clasificar y utilizar materiales reciclados de la construcción y demolición en la ejecución de obras de su competencia. Mientras, se obliga a propietarios, directores responsables de obra, contratistas o empresas encargados de la construcción o demolición, a contar con un convenio o contrato para garantizar el reciclaje de residuos de la construcción o demolición.
