Con 57 votos a favor y cero en contra, el Congreso de la Ciudad de México, aprobó en lo general y en lo particular, una reforma constitucional que pone tope al aumento de rentas en la capital del país.
Con las modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda, el incremento de la renta no será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, “respecto de la cantidad pactada como renta mensual”.
Actualmente se estipulaba que el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.
Asimismo, estas reformas crean un registro digital de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y “para tales efectos el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato”.
Asimismo, se busca que un mayor número de personas tengan acceso a una vivienda, estableciendo mecanismos que garanticen este derecho, preferentemente a la población en situación de pobreza, “trabajadores, madres solteras y personas jóvenes entre los 18 y 35 años”.