Las cárceles mexicanas enfrentan una crisis sin precedentes. A finales de 2024, ya se reportaban niveles alarmantes de hacinamiento, con más de 235.000 personas privadas de la libertad y una sobrepoblación de 10.157 internos. En solo cinco meses, la situación se ha deteriorado rápidamente: la cifra de reos excedentes se ha duplicado, alcanzando las 20.212 personas, mientras que el número de centros penitenciarios sobrepoblados creció de 118 a 133.
El incremento en los ingresos a prisión ha sido constante desde principios de año. Si bien en diciembre los ingresos se mantuvieron en 12.739, en febrero y marzo se rebasaron los 16.000. A la par, los egresos permanecen estancados, generando un desequilibrio que impacta directamente en la capacidad de los penales.
El Estado de México encabeza la lista de entidades más afectadas, con más de 22.000 internos por encima de su capacidad. Le siguen Sonora y Durango, mientras que Ciudad de México y Baja California aún presentan disponibilidad.
La organización civil AsíLegal ha emitido alertas sobre los riesgos del hacinamiento, como el incremento en violaciones a los derechos humanos, motines, fugas y homicidios. Casos recientes como la fuga de Sául Francisco Hernández en Hermosillo, la muerte de un presunto feminicida en la Ciudad de México y una crisis penitenciaria en Oaxaca reflejan el colapso del sistema.
El director de AsíLegal, José Luis Gutiérrez, denuncia que los internos viven en condiciones insalubres, con escasez de agua potable, medicamentos y alimentos, y con una atención médica insuficiente. Advierte que la falta de personal y espacio propicia el autogobierno y la violencia interna.
Gutiérrez atribuye el aumento en la población penitenciaria a dos factores principales: la expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa —que ahora incluye extorsión, delitos fiscales y crímenes relacionados con el fentanilo— y la inactividad del sistema judicial debido a las campañas electorales rumbo a la elección judicial del 1 de junio. Jueces y fiscales, distraídos por sus aspiraciones políticas, han dejado de atender casos, alargando procesos y obstaculizando las salidas de prisión.
La ineficiencia del sistema de justicia, sumada a las decisiones legislativas que aumentan el uso de la prisión preventiva, han desbordado a las cárceles mexicanas, generando una crisis que amenaza con empeorar.
