Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denunciaron irregularidades y falta de sensibilidad en la visita que las autoridades les permitieron realizar al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde previamente se hallaron fosas clandestinas.
“Para ver un circo, para burlarse de nosotros”, así describió Patricia Sotelo, madre buscadora que lleva cuatro años intentando localizar a su hija Fanny, la experiencia vivida durante el recorrido. Según su testimonio, el sitio había sido alterado y las pruebas de posibles crímenes habían desaparecido. “Las fosas están bien formadas, está acordonado. Ya no puedes asomar donde estaban estos supuestos crematorios”, denunció.
El colectivo de búsqueda al que pertenece Sotelo ya había ingresado previamente al rancho, pero en esta ocasión, encontraron un escenario completamente modificado. “Todo está bien acordonadito, pintado, arreglado, barrido, ya está bien, está limpiecito”, relató. Además, señaló que los restos que alguna vez se hallaron en el lugar ahora solo existen en un “catálogo” digital que las autoridades muestran en internet, impidiendo a las familias acceder físicamente a la evidencia.
Anna Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), calificó la jornada como una acción “sumamente irresponsable” y denunció las restricciones impuestas a los asistentes. “Nos ponen en una fila, nos dicen que pueden entrar 20 personas, luego regresan esas 20 personas y van otras 20, pudiendo estar solo 10 minutos como si fuera una especie de tour o una visita a algún lugar turístico”, explicó.
Las familias esperaban obtener información de primera mano sobre la investigación y escuchar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, fueron citadas por las comisiones estatales de búsqueda solo para ser informadas, media hora antes del encuentro, de que el fiscal no acudiría.
