La extorsión presencial, en su vertiente de cobro del derecho de piso (o, abreviadamente, cobro de piso), es tal vez el delito que más daño causa a nuestra sociedad. Es un mal extendido que afecta tanto a grandes empresas como a miles de personas que trabajan en ranchos, comercios, transporte y hasta en la educación. Este delito ha permitido la expansión territorial del crimen organizado y ha debilitado las instituciones en todo el país. Gracias a las extorsiones, los grupos criminales han hallado una fuente de ingresos en localidades donde el narcotráfico no ha sido predominante.
En ningún estado se ha logrado erradicar el cobro de piso de manera efectiva. En el gobierno se reconoce el problema y se ha manifestado la intención de enfrentarlo. La Presidenta y el secretario de Seguridad han expresado su compromiso con este tema, señalándolo como una prioridad en su agenda.
Recientemente, en la Ciudad de México se anunció la creación de una fiscalía especializada en este delito. Aunque el término ‘fiscalía especializada’ puede sonar a estrategia repetitiva, existen razones para pensar que podría generar resultados. La capital cuenta con mayores recursos, una fuerza policial numerosa y una vigilancia constante. Según datos de monitoreo, casi una cuarta parte de los arrestos de alto perfil en el país ocurre en la CDMX. Las mafias locales, como Los Rodolfos, Los Tanzanios y el Cártel de Tláhuac, han sido debilitadas y no representan el mismo peligro que otros grupos delictivos en diferentes regiones.
En diciembre pasado, se aprobó una reforma al Código Penal que sugiere que las autoridades capitalinas están enfocadas en puntos clave, como la extorsión cometida por servidores o ex servidores públicos, así como la extorsión a transportistas y comerciantes. En los próximos meses, se evaluará si esta nueva fiscalía logra resultados efectivos. Por ahora, se identifican tres grandes desafíos a los que se enfrentará:
Primero. La investigación debe ser proactiva. No es suficiente con una línea telefónica de denuncia (55 5036 3301). Muchos grupos operan bajo la certeza de que sus víctimas no se atreverán a denunciar. Si la fiscalía se limita a recibir denuncias, logrará numerosos arrestos, pero principalmente de delincuentes menores y fácilmente reemplazables. Para erradicar la extorsión, se deben desarticular por completo las estructuras criminales.
Segundo. Lo que funcione hoy puede no ser útil mañana. La economía de la ciudad es diversa, lo que implica que el número de posibles víctimas es enorme. Las estrategias de extorsión también evolucionan. Si hoy se logra erradicar el cobro de piso en mercados y eventos públicos, mañana los delincuentes podrían enfocarse en otros sectores, como estacionamientos o centros religiosos.
Tercero y más importante. Combatir el cobro de piso afectará intereses poderosos. Aunque las mafias en la CDMX son más pequeñas comparadas con otras del país, muchas tienen vínculos políticos o sociales que las protegen. Algunas operan bajo la fachada de movimientos sociales, mientras que otras han tejido lazos con elementos policiales corruptos. Si las autoridades realmente atacan estas estructuras, podrán esperar represalias, desde presiones mediáticas hasta atentados.
En otro orden de ideas, se ha filtrado información sobre los cárteles mexicanos que serán designados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de EE.UU. Además del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, se incluirán el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Familia Michoacana. Este último grupo se dedica casi exclusivamente al cobro de piso en zonas del Estado de México, Michoacán y Guerrero.
Se ha especulado sobre las posibles consecuencias de esta designación, que podrían incluir sanciones económicas y congelamiento de activos. Sin embargo, un punto relevante es que la administración de EE.UU. podría optar por ir directamente contra los funcionarios y exfuncionarios que, a lo largo de los años, han colaborado con estas organizaciones criminales.
