Por Fernanda Sánchez
En un esfuerzo por combatir la corrupción y las extorsiones conocidas como “mordidas”, los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli han decidido suspender las multas de tránsito durante un periodo de 100 días. Esta medida, implementada desde el inicio de 2024, busca erradicar los abusos cometidos por los agentes de tránsito y restablecer la confianza ciudadana.
¿En qué consiste la suspensión de multas?
La iniciativa elimina temporalmente las sanciones económicas por infracciones como pasarse un alto o estacionarse en doble fila. Sin embargo, no exime a los conductores de responsabilidades legales en casos graves como accidentes o atropellos. Las autoridades continúan remolcando vehículos mal estacionados o que bloquean la vía pública, según informó Pilar Rodríguez, del Archivo de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla.
En Cuautitlán Izcalli, María Elizabeth Martínez, del departamento de Tránsito, señaló que los agentes ahora optan por amonestar verbalmente a los conductores. Aunque esta medida ha generado opiniones divididas, Martínez asegura que se trata de una estrategia temporal que se evaluará en marzo para determinar su efectividad en la lucha contra la corrupción.
Un problema nacional
El Estado de México registra altos índices de extorsión, con 5,503 casos denunciados en los primeros seis meses de 2024. Sin embargo, muchos ciudadanos no presentan denuncias debido al temor o desconfianza hacia las autoridades. Las “mordidas”, una práctica común entre agentes de tránsito, generan ingresos ilícitos significativos y perpetúan la corrupción.
El abogado Rubén Arenzana, conocido por su activismo contra la corrupción vial en redes sociales, opina que la suspensión de multas puede ser efectiva si se acompaña de cambios estructurales como la capacitación y supervisión de los agentes. “El reglamento de tránsito debe ser una herramienta para garantizar la seguridad, no para extorsionar a los ciudadanos”, enfatizó.
Reacciones de la sociedad civil
Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia celebran esta iniciativa, pero advierten que es solo un paso en el camino para combatir la corrupción. Daniela Osorio, portavoz de la organización, destacó que el 34% de las víctimas de extorsión en México se encuentran en el Estado de México, lo que subraya la urgencia de atacar este problema desde múltiples frentes.
La suspensión de multas en Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli es un intento audaz por frenar las extorsiones y reconstruir la confianza ciudadana. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de su implementación y de las reformas estructurales que la acompañen. Mientras tanto, la sociedad civil seguirá vigilante para que esta estrategia no sea solo un parche temporal, sino un paso hacia una mayor transparencia y justicia en el sistema vial del Estado de México.
