Por Samantha Guerrero
La comunidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo, en el municipio de Tenancingo, Estado de México, vivió intensas jornadas de protesta que culminaron este miércoles con la liberación de cinco hombres detenidos por la policía estatal. Los bloqueos en las principales vías de acceso, que duraron más de 24 horas, reflejaron el descontento y la desesperación de los habitantes ante la inseguridad que afecta la región.
Liberación de los detenidos: ¿extorsión o autodefensa?
Los detenidos, identificados como Orlando N., Faustino N., Rogelio N., Humberto N. y Germán N., fueron liberados a las 13:30 horas tras no presentarse cargos en su contra. Esto a pesar de que la Secretaría de Seguridad había informado que fueron aprehendidos tras una denuncia al 911 por presunta extorsión. En el operativo, las autoridades decomisaron una camioneta Jeep Liberty y 86 sobres con dinero en efectivo, señalando que estos estaban relacionados con actividades ilícitas.
Sin embargo, los habitantes de Santa Ana defendieron a los hombres, argumentando que el dinero recolectado no era producto de extorsiones, sino de “aportaciones obligatorias” impuestas por el crimen organizado. Según los manifestantes, estas cuotas eran indispensables para proteger a la comunidad y evitar represalias.
“Ellos no son extorsionadores, son campesinos que trabajan con la jamaica. El dinero era para proteger al pueblo, porque sus vidas estaban en riesgo”, explicó uno de los habitantes.
Protestas y afectaciones por los bloqueos
El descontento de la comunidad se reflejó en el cierre de vías clave, como la carretera Tenango-Tenancingo y varias calles principales. Este bloqueo, que comenzó el martes por la mañana, generó caos vial, afectaciones económicas y la suspensión de actividades escolares en diversas instituciones de la región.
Automovilistas y transportistas también se vieron afectados, ya que muchos tuvieron que descender de sus vehículos y cruzar caminando. La tensión generó conatos de bronca en algunos puntos, evidenciando la gravedad del problema.
El trasfondo de la crisis: crimen organizado y cuotas obligatorias
Los habitantes de Santa Ana revelaron que las cuotas económicas recolectadas eran impuestas por el crimen organizado como un “pago de derecho de piso”, una práctica que ha escalado en varias regiones del país. Campesinos, delegados y mayordomos son quienes aportan estos recursos, bajo amenazas que ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias.
Los pobladores insistieron en que los detenidos no actuaban por voluntad propia, sino que eran víctimas de un sistema de violencia e intimidación que afecta a toda la comunidad.
Exigencias de seguridad y un llamado a las autoridades
Con la liberación de los detenidos, los bloqueos se levantaron, pero los habitantes de Santa Ana Ixtlahuatzingo dejaron claro que seguirán organizándose medidas para exigir concretas de seguridad.
“No queremos seguir pagando cuotas ni vivir con miedo. Necesitamos que las autoridades nos respalden y nos brinden seguridad”, declaró otro vecino.
Hasta ahora, las autoridades estatales no han publicado un posicionamiento oficial sobre la liberación de los detenidos ni sobre las demandas de la comunidad. Mientras tanto, los habitantes reiteraron su llamado a los gobiernos estatales y federales para abordar la problemática delictiva que afecta la región.
Un problema que requiere atención inmediata
La situación en Santa Ana Ixtlahuatzingo es un reflejo de los desafíos de seguridad que enfrentan muchas comunidades en México. La liberación de los detenidos y el levantamiento de los bloqueos son solo un paso en una problemática más amplia que exige soluciones integrales y un compromiso real de las autoridades para proteger a la población.
