De acuerdo con la diputada Gabriela Valdepeñas González, las reformas constitucionales al Poder Judicial y al artículo 19 Constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión, van de la mano para mejorar la seguridad pública y la impartición de justicia en todo el país.
La legisladora resaltó la importancia que tendrán estas reformas en la entidad mexiquense, donde las extorsiones, “si bien han disminuido en el último año, es un delito que afecta, en la modalidad de cobro de piso, a comerciantes, empresarios y productores”.
Recordó que durante 2023 en el Estado de México se registraron 4 mil 10 casos de este ilícito, con una reducción del 4.5% en comparación con el 2022, donde la cifra fue de 4 mil 153. De enero a octubre de 2024, se han registrado 2 mil 853 denuncias de extorsión.
En el caso de Tlalnepantla, dijo que de enero a octubre de 2024 se tiene registro de 71 casos de extorsión, situación que no es menor debido a que muchas víctimas de este delito se abstienen de denunciar por temor.
Advirtió que existe una cifra negra en casos de extorsión y de delitos de alto impacto que en gran medida es motivada por la desconfianza que impera en torno a los que imparten la justicia, debido a la parcialidad con la que se juzga, es decir, a lo lento y/o lo rápido con que se llevan los procesos judiciales.
La legisladora por el municipio de Tlalnepantla comentó que los diputados federales mexiquenses tuvieron una reunión con la gobernadora para abordar el tema de las reformas constitucionales, donde les pidió que hicieran un enlace de coordinación con el Congreso local para avanzar en la creación de las leyes complementarias.
