Por Valeria Vázquez
El nuevo estatus legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría debilitar sus finanzas, según advierte Moody’s Ratings. La recategorización de estas entidades como empresas públicas, centradas en garantizar el suministro energético en lugar de generar valor, plantea serios desafíos financieros.
La reciente reforma constitucional, aprobada el 24 de octubre, modifica los artículos 25, 27 y 28, revirtiendo parcialmente la apertura al capital privado establecida en 2013. Esta nueva estructura legal implica que Pemex enfrentará crecientes necesidades de efectivo, proyectadas en 19,000 millones de dólares para 2026.
Moody’s resalta que el apoyo gubernamental a Pemex ha promediado 9,000 millones de dólares anuales entre 2019 y 2023, y se anticipa que aumentará debido a las demandas financieras. En cuanto a CFE, aunque no se prevén necesidades extraordinarias, continuará recibiendo subsidios que representaron el 12% de sus ingresos en 2023.
La incertidumbre sobre las leyes secundarias que regularán estas reformas podría frenar la inversión en energías limpias, obstaculizando el objetivo del gobierno de alcanzar un 45% de energía renovable para 2030.
