Por Frida Rebollar.
Durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, un grupo de representantes de la sociedad civil hizo un llamado urgente a las autoridades para abordar la crisis que afecta a Sinaloa por el conflicto entre dos organizaciones criminales. La delegación solicitada a la Presidenta Claudia Sheinbaum, al Gobernador Rubén Rocha Moya, y a otros niveles de gobierno la implementación de medidas inmediatas para prevenir un colapso social y económico en el estado.
En el contexto de un mes de violencia continua, Miguel Calderón Quevedo, del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa; Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de Canirac, y Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos, presentaron un pliego de demandas. Estos incluyen la declaración de emergencia económica, la implementación de créditos accesibles para pymes, la suspensión temporal de impuestos y el análisis de posibles descuentos en servicios como agua y electricidad. Además, pidieron que se priorizara el desarme de los grupos criminales, la reparación del daño a las víctimas y una mayor eficacia en los operativos policiales.
También señalaron la necesidad de un debate nacional para desarrollar políticas públicas efectivas que reduzcan el poder del crimen organizado y fomenten una paz sostenible. Calderón Quevedo destacó la importancia de un gobierno que trabaje de manera cercana con la ciudadanía para lograr una verdadera transformación social.
