Por Diana Silva
La escalada de violencia en México ha alcanzado niveles alarmantes en el periodo previo a las elecciones generales del próximo mes, marcando un sombrío precedente en la historia electoral del país. Con una serie de asesinatos dirigidos contra candidatos y sus familiares, el clima político se ve ensombrecido por la amenaza constante de la violencia.
Desde el pasado mes de junio, al menos 36 personas que buscaban cargos públicos han sido víctimas de asesinato, en un país donde la violencia durante las campañas electorales ha sido lamentablemente común. Este aumento de la violencia se atribuye principalmente a grupos delictivos locales, cuya fragmentación ha dado lugar a una lucha por el control territorial y político, utilizando tácticas de intimidación y cooptación para influir en las comunidades.
El fenómeno de la violencia electoral no es nuevo en México, como lo demuestra el ciclo electoral anterior en 2021, donde 32 candidatos perdieron la vida. Esta violencia no solo busca eliminar a candidatos específicos, sino también enviar un mensaje de intimidación tanto a otros candidatos como a la ciudadanía en general, recordándoles que la democracia está bajo vigilancia.
La magnitud de las elecciones de este año, las más grandes en la historia de México con más de 20,000 cargos locales en juego, ha exacerbado la situación. La vulnerabilidad de los candidatos locales los convierte en blancos preferidos para los grupos criminales que buscan influir en la política a nivel municipal para sus propios fines.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para brindar protección a los candidatos, la falta de recursos y la debilidad de las fuerzas policiales locales han obstaculizado los intentos de contener la violencia. La colaboración entre el organismo electoral y las fuerzas de seguridad federales ha resultado en la protección de cientos de candidatos, pero la amenaza persiste.
Ante este panorama sombrío, México se enfrenta a un desafío crucial para garantizar la integridad de sus procesos democráticos y proteger a quienes participan en ellos. La violencia electoral no solo socava la democracia, sino que también representa una amenaza para la estabilidad y el bienestar del país en su conjunto.
