Por Kari Nava
En un polémico movimiento, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, con 19 votos a favor y 10 en contra, aprobó una iniciativa de ley que ha generado inquietud y críticas en diversos sectores. La iniciativa permite al gobierno mexicano tomar hasta 40 mil millones de pesos de los ahorros en las Afores e institutos de seguridad social, pertenecientes a trabajadores inactivos mayores de 70 años, para ser transferidos al recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El propósito declarado de esta medida es otorgar pensiones equivalentes al 100% de un salario promedio del IMSS, que asciende a 16 mil 777.78 pesos mensuales. Sin embargo, la falta de claridad en las fuentes de financiamiento y la incertidumbre sobre la operación del nuevo fondo han generado preocupaciones sobre la confianza en el sistema financiero y en el ahorro a largo plazo.
Se estima que alrededor de 60 mil millones de pesos podrían provenir de diversos recursos, incluyendo los ahorros no reclamados por trabajadores fallecidos o inactivos. Esta medida ha sido criticada por su potencial impacto en la credibilidad de los trabajadores en cuanto a la seguridad de sus ahorros, así como por la falta de transparencia en la operación del nuevo fondo.
Aunque la iniciativa establece que los recursos transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar no podrán destinarse al presupuesto federal ni ser utilizados para el balance presupuestal, la gestión y utilización de estos fondos estarán a cargo de un fideicomiso administrado por el Banco de México y un comité interinstitucional encabezado por la Secretaría de Hacienda. La falta de detalles sobre cómo se invertirán estos recursos y cómo se garantizará su seguridad ha generado escepticismo entre diversos sectores.
Paralelamente, las declaraciones del presidente López Obrador recomendando más gasto público contrastan con las sugerencias de ajuste fiscal presentadas por la Secretaría de Hacienda en los Precriterios de Política Económica. Este contraste entre las políticas recomendadas por el presidente y las propuestas económicas oficiales ha generado debate sobre la dirección futura de la política económica del país.
En medio de este escenario, se plantea un desafío adicional para el próximo gobierno, que podría heredar una situación fiscal compleja y enfrentar decisiones difíciles en cuanto al manejo de las finanzas públicas y la continuidad de proyectos de infraestructura.
